Una vergüenza


El negocio ilegal de perros y gatos supone ya el 80% de las ventas

El negocio ilegal de los perros y gatos con pedigrí como animales de compañía copa en Aragón hasta el 80% del mercado de compraventa de mascotas, tal y como denuncian los profesionales del sector y las asociaciones de defensa animal. Esta falta de control, tanto sanitaria como higiénica y, por supuesto, económica, deja entrever cierto batiburrillo tras el boom que ha experimentado la demanda de estos animales domésticos. El precio que se pide por un Yorkshire ronda los 500 euros, y quien tenga, por ejemplo, diez animales puede llegar a ganar en negro los 50.000 euros al año. Mientras que con dos gatas persas y un gato se pueden sacar hasta 7.200 euros.
El director general de Alimentación del Gobierno de Aragón, Ramón Iglesias, afirma no haber recibido denuncia alguna al respecto. Los responsables de los establecimientos de venta y criaderos consultados contestan que su labor "no es la de denunciar ni la de investigar, sino la de vender. Por lo que son las distintas administraciones públicas competentes y la Guardia Civil las que tienen que actuar". Aunque otros, como el centro canino Sa Roca, en Peñaflor, afirma haber enviado sendas cartas informativas al Ayuntamiento de Zaragoza y al Ejecutivo aragonés.
Anuncios publicados en prensa y, sobre todo, a través de internet y las redes sociales dejan en evidencia este tipo de negocio. No obstante, estas ofertas conviven con otras de algunos particulares que han obtenido camadas accidentalmente y quieren desprenderse de los recién nacidos, así como con las de las protectoras que los dan en adopción pero sin ánimo de lucro.
Sin factura ni documentación alguna, determinadas razas caninas que en un comercio oficial se venden a un precio que va de los 500 a los 700 euros, en estas transacciones ilegales se pueden comprar a partir de 250 y 300 euros. Y otro tanto pasa con los gatos. Pero los expertos avisan: te pueden dar gato por liebre.
Quienes especulan con estos seres vivos no ofrecen prácticamente ninguna garantía. "Nosotros estamos a favor de los controles, análisis y autorizaciones que nos impone la Administración. Pero que sean para todos, porque a la gente no solo se le estafa con perros que son cruzados y no de raza, sino que hay que mirar por el animal, por cómo se le trata y por su seguridad y estado sanitario. Mientras que en estos momentos, muchas veces solo se mira que sea barato", contestan los criadores y vendedores legales.
La Ley aragonesa de Protección Animal y su desarrollo mediante varios decretos establece toda una serie de exigencias para los lugares que se tienen que dar de alta como núcleos zoológicos. Y es que bajo esa denominación se incluyen, entre otros, los centros y tiendas de cría, importación o venta de animales, ya sea directamente al público o a otros establecimientos; las residencias, guarderías y centros de recogida de animales y perreras; los centros de adiestramiento, y las clínicas y centros veterinarios e instalaciones de similares características.
A estos lugares se les controla periódicamente tanto desde el Gobierno de Aragón como por parte del Seprona de la Guardia Civil. Entre otras actuaciones, se les solicita la documentación certificada de la procedencia de cada animal; el registro que tienen la obligación de realizar de entradas y salidas; el carnet de manipulador de animales; las cartillas de control sanitario, ya que deben disponer de un veterinario responsable de la elaboración del programa de profilaxis sanitaria, de la asistencia clínica y de la vigilancia epidemiológica; e incluso se les pide el justificante del tratamiento de desinfección de las instalaciones.
Además, cada especie cuenta con una serie de exigencias específicas, como la instalación de microchips para perros y gatos. Si se trata de especies de fauna silvestre autóctona de otros países comunitarios se exigen determinados permisos. Y a las que no son autóctonas se les añade los de importación y control fronterizo. Caso aparte son las especies exóticas, sobre las que en Aragón está prohibida su abandono o suelta.
M. NAVARCORENA

El Periódico de Aragón